Tres contribuciones al debate político contemporáneo

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Javier Raúl García De Alarcón

Tupaj García De Alarcón

1 Del Estado

Todo Estado es un Estado de clase. Esta verdad de la ciencia política y de la teoría del Estado no está limitada a una escuela o autor. De Marx a los neoinstitucionalistas, de Bourdieu a Habermas, el pensamiento político moderno toma esta proposición como axioma de la construcción teórica. La pretensión liberal de asumir el Estado como conjunto de voluntades individuales, sean éstas coaccionadas o voluntarias, a estas alturas del siglo XXI no solo cae en una incapacidad analítica para comprender las sociedades modernas sino que, además, ya no tiene espacio en el pensamiento político moderno, habiendo sido relegada a mero dogma ideológico, que solo busca defender determinados intereses de clase.

Pero, al no haber caído el imperio estadounidense, con su individualismo radical y su liberalismo mesiánico, los comisarios políticos del norte todavía gozan de presupuesto y blindaje diplomático para adoctrinar talibanes ideológicos por todo el continente, con la finalidad de usarlos como carne de cañón contra todo gobierno no alineado con sus intereses. He ahí la hermandad entre los guarimberos venezolanos, los universitarios nicaragüenses y las plataformas ciudadanas bolivianas. Ya sea por fanatismo o dinero, es su hermandad como kamikazes imperialistas lo que los une.

No es sorprendente por eso mismo que repliquen al unísono su credo liberal sobre qué es un Estado y, por tanto, que nuestro “error” es no ser iguales al modelo (estadounidense) de Estado que predican. Pero veamos, a modo de comprender, cuáles son los principales elementos constitutivos del Estado liberal que estos grupos defienden.

El Estado propuesto por el liberalismo, propuesta formulada en sus orígenes por Locke, Rousseau, Montesquieu y Hegel, a lo largo de los siglos XVI, XVII y XIX, es la propuesta del Estado de Derecho que tiene, en términos referidos a este trabajo, tres notas importantes: La organización política del Estado por medio de una Constitución, la división de poderes dentro del Estado y el respeto a los derechos individuales de cada ciudadano. Veamos, pues, estos tres elementos a partir de la configuración de la

sociedad como una sociedad compuesta por clases sociales en constante interacción y, por otra parte, analicemos cómo se desplegó y despliega ese concepto en nuestro país.

Comencemos con el primer elemento. Evidentemente, el Estado boliviano, igual que la mayoría de los Estados en la región, se constituye y rige por una Constitución Política. Sin embargo, si asumimos que la Constitución Política de un país se formula a partir de un consenso unísono de los miembros de una sociedad, es decir, si asumimos la idea liberal que afirma que la Constitución Política es únicamente el producto del consenso de un conjunto de individuos para garantizar sus intereses, corremos el grave riesgo de invisibilizar las constantes pugnas y peleas entre dichos individuos, los cuales en su afinidad de intereses específicos, forman parte de una clase social. Por otra parte, si decidimos no caer en una posición tan enceguecida de la realidad, podemos ver que la Constitución Política de un país no es el producto de un consenso angelical de leyes y normas defensoras de los individuos de una sociedad, sino el producto de una determinada correlación de fuerzas entre distintas clases sociales, cuyos intereses se encuentran en constante conflicto. En este sentido, la Constitución Política es la materialización de una pugna entre clases sociales en un momento dado. Es como sacar una fotografía a una pelea, la pelea se daba antes y continuará después de la foto, pero la imagen capturada ese momento de forma artística, señalando la correlación de fuerzas en combate, resume en forma sublime toda la voluntad de cada clase social en la mirada que sostiene frente a su rival, su clase antagónica, y cuyo desenlace se muestra en un solo golpe.

Pasando al segundo elemento, una de las notas más importantes del Estado de Derecho es la División de Poderes. Dicha división es planteada por los escritores contractualistas como mecanismo de control a los gobernantes y como garantía del respeto a las libertades individuales. La División de Poderes se constituye bajo el precepto de asumir que cada uno de los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral en el caso boliviano) tiene que mantener una independencia de acción con respecto a los otros. Es en esta independencia de acción en la que los liberales sostienen que es posible controlar a cada poder del Estado y que es posible garantizar la democracia y los derechos individuales. Sin embargo, esta independencia es solo aparente en tanto los partidos políticos, que representan una coalición de intereses de clases, no se limitan jamás a la toma de un solo poder sino que extienden su influencia a todos los elementos institucionales del Estado, sometiendo cada poder a su voluntad en tanto coalición de clases. Puede que el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia sea independiente, en cuanto a funciones, del Presidente de la Asamblea Legislativa, pero en tanto ambos son parte de la misma coalición política,

van a representar y defender los mismos intereses de clase, en los distintos poderes que operan en el Estado.

Esto, más allá de las buenas voluntades de ciertos doctos que pregonan defender la libertad, es un proceso inevitable que se ha dado en todo Estado moderno de una manera u otra: Republicanos contra Demócratas disputando las nominaciones de los miembros de la Corte Suprema; Conservadores alemanes usando las leyes anti-nazis en los tribunales para eliminar a sus rivales políticos fascistas; los Tories ingleses legalizando la tortura contra los separatistas irlandeses. A fin de cuentas, más allá de lo aparente, el Estado siempre tiene un dueño e impone la voluntad de su amo, puesto que todo Estado, en última instancia, es un Estado de Clase.

Finalmente, entrando al último elemento fundamental del Estado de Derecho, tenemos la defensa, respeto y garantía de los derechos individuales. Para los pensadores del Estado liberal, la gran tarea del Estado es la defensa de los derechos individuales, en tanto es la posesión de derechos, tanto civiles como políticos, el garante de la libertad individual dentro de la sociedad. El primer problema que surge de esta concepción, dato que notaron los liberales más tardíos como Hegel, es que al estar vinculada la libertad individual con la voluntad todo derecho no puede ser absoluto de forma atemporal; así mismo lo que constituye un derecho en tanto garantía de tu voluntad no es algo escrito en piedra, sino que funciona como tajadas en una pizza: mientras más amplia sea tu tajada más chica es la de los otros. En ese sentido, salvo el derecho a la vida, todo derecho posterior es sujeto a debate y conflicto, es decir, está moldeado por las mismas fuerzas que configuran el Estado: los intereses de clase. Así la gama de derechos, civiles y políticos es producto de las constantes pugnas entre clases sociales y, por lo tanto, los derechos individuales que posee toda persona en sociedad son históricos. Claramente vemos esto en la historia de Bolivia, por ejemplo, en el periodo previo a la Revolución de 1952, la ciudadanía y los derechos civiles y políticos estaban negados a la inmensa mayoría indígena que habitaba el territorio nacional. Fue, pues, a través de una insurrección popular -la cual acabó militar y hegemónicamente a la antigua oligarquía nacional-, que los derechos civiles y políticos fueron modificados para incluir, en la categoría de ciudadano, a la inmensa mayoría de la población. Además, junto a esa inclusión, se reestructuró la jerarquía de los derechos individuales y políticos de los ciudadanos, disponiendo la primacía del derecho a la tierra sobre el derecho de propiedad y la primacía de la sindicalización sobre la libertad de empresa. En pocas palabras, los derechos de unos pocos fueron sometidos a los derechos de las masas.

Concluyendo acerca de los tres elementos analizados brevemente aquí, vemos que: la Constitución Política de todo Estado moderno es la materialización de una determinada

correlación de fuerzas en la lucha de clases sociales; la División de Poderes de un Estado es real en términos institucionales, mas no en términos políticos debido a que todo Estado es un Estado de Clase y, finalmente, que los Derechos Individuales no solo han ido cambiando y cambiarán a lo largo del tiempo, sino que dichos cambios están determinados por la lucha entre clases sociales, es decir, lo que ahora asumimos que son los derechos individuales no es más que el producto de una constante lucha en el seno mismo de la sociedad.

Frente a la fantasía liberal del Estado de Derecho, queda claro en la realidad histórica que el Estado tiene un carácter ante todo hobbesiano en el marco de las luchas entre clases en los ciclos históricos. La defensa acérrima, por el contrario, de la NED, USAID, Konrad Adenauer y sus discípulos locales, además de ir en contra de la academia moderna, solo sirve para revestir su propaganda con la apariencia de juicio científico- humanista, ocultando sus intenciones e intereses de clase y buscando reforzar la hegemonía de los sectores burgueses y oligárquicos, aliados obviamente con la burguesía internacional en el sentido común de la juventud y el mundo académico. Nosotros somos claros militantes del bloque nacional-popular y, a diferencia de nuestros rivales, no ocultamos nuestras honestas intenciones.

2 De la Democracia

Las plataformas ciudadanas en Bolivia, a día de hoy, se han atragantado hasta más no poder del concepto de Democracia y no descansan la garganta sin antes señalar la importancia de la misma. Pero, comprendiendo que todo concepto engloba un carácter ideológico y por lo tanto defensor a su vez de un discurso que es o pretende ser hegemónico, vale preguntarnos sobre el concepto de democracia utilizado por las plataformas ciudadanas, el cual hace a un concepto liberal de democracia.

Dentro de la óptica liberal, la democracia es el derecho de los ciudadanos de poder elegir a sus gobernantes y dicha elección se institucionaliza dentro del Estado mediante el sufragio. Es pues entonces, como parte fundamental de los derechos del ciudadano, potestad y derecho de todos los individuos votar y elegir a aquellas personas que se encargarán de gobernar la sociedad y administrar el Estado. En ese sentido, para el liberalismo la democracia se limita a emitir una votación cada cierta cantidad de años y la capacidad de opinar libremente. La gestión misma de la gran maquinaria del Estado es por tanto relegada a las autoridades, a las que de una manera u otra elegimos como déspotas por tiempo limitado. Sin embargo, es en esta delegación de poder que Weber, uno de los padres de la sociología liberal, sustenta que el Estado sufre, debido a un

proceso paulatino y constante de institucionalización, una metamorfosis, cuyo resultado es el Estado corporativista. Weber señala, en sus escritos posteriores a la Primera Guerra Mundial, que los Estados liberales han mutado en Estados corporativistas y que, debido a un proceso de constante institucionalización, han generado una reducción de la misma democracia liberal en favor de una mayor cantidad de sufragios y votaciones electorales. Es de esta forma que se afirma que, dentro de las sociedades modernas, la población puede votar cada vez más, pero en el fondo decide cada vez menos. Vemos pues que a los propios ojos críticos de los liberales, el Estado de Derecho no es necesariamente un garante de una verdadera democracia liberal.

En todos los Estados liberales del siglo XX, es frente a esta pérdida real y continua de una democracia que realmente signifique la materialización de la voluntad popular, que la reacción de los colectivos excluidos de la toma de decisiones haya tomado forma en la emotividad social vuelta en movimiento político; es decir el surgimiento de la voluntad populista. El teórico político Ernesto Laclau ha teorizado cómo la realización de estos movimientos populistas, a partir de la toma del poder, ha devenido en la ampliación real de los derechos políticos y sociales de las grandes masas a través de barrer lo que el liberalismo considera como piedra angular del sistema: la institucionalidad.

De Perón a Lula, los procesos catárticos que están anidados en cada momento populista han servido para la ampliación generalizada de los derechos de las grandes masas. Sin excepción, cada proceso populista no truncado ha devenido de una manera u otra en la ampliación de los límites posibles de la ciudadanía, ampliando de manera efectiva la libertad real que gozan los individuos ajenos a las esferas de poder, el objetivo que dicen perseguir muchos liberales. En ese sentido el populismo es la virtud, en vez del defecto, del Proceso de Cambio llevado a cabo en nuestro Estado Plurinacional.

Vemos, pues, que existen ante todo dos conceptos antagónicos de democracia, en tanto son parte de distintas jerarquizaciones ideológicas y por lo tanto de distintos proyectos hegemónicos. Es decir, la democracia no puede ser entendida a día de hoy como un concepto único, propio de un diccionario, carente de matices y contradicciones. Así, tenemos, por un lado, un concepto de Democracia que hace y beneficia a los intereses de clase dominante, en tanto es un concepto de Democracia que se limita a la delegación y abandono de la voluntad popular a un conglomerado de técnicos, científicos y abogados encargados de administrar y dirigir el Estado. Este conglomerado no obedece a la voluntad popular sino a la mera institucionalidad que garantiza y reproduce su lógica de poder. Por el otro lado, tenemos un concepto de Democracia que reivindica la Democracia como paradigma ético donde el centro está en la materialización de la voluntad popular en el Estado: frente a la democracia, toda

norma debe ser quemada y toda barrera ser atravesada, viendo en la voluntad articulada de los humildes el medio y el fin de todo proceso político. Tenemos pues en una oración la opción de elegir entre: la democracia como entrega de nuestra voluntad a un grupo de burócratas alineados a los intereses de las elites, o la democracia como la voluntad de autogobierno de los pueblos.

3. De la Juventud

En los últimos años, un tema puesto en la agenda política ha sido el tema de la juventud. Tanto el gobierno central como la oposición, tanto los partidos como las plataformas ciudadanas han posicionado a la juventud en un pedestal dentro del escenario político. Ella se ha vuelto la manzana de la discordia, aquel tesoro en disputa por ambos frentes que tratan de conquistarla a partir de elogios y propuestas políticas. Apoyo a los jóvenes, empleo para los jóvenes, créditos para los jóvenes, educación para los jóvenes, puestos para los jóvenes, caras jóvenes, finalmente el eslogan actual: Renovación generacional.

Afirmar que las generaciones no son bloques homogéneos o que siquiera pueden ser agrupados en un solo bloque no es algo que diga la teoría sociológica, sino algo que se evidencia en la propia información estadística. Pensar que los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista tienen algo en común con las Guardias Indígenas, aparte de tener la misma edad, no resiste un análisis básico.

Los jóvenes tienen diferencias, diferencias geográficas, culturales, lingüísticas, étnicas, de género, pero sobre todo de clase. Si hay un periodo de la vida donde las diferencias de origen de clase se muestran con más virulencia es justamente en la juventud, en tanto las diferencias de consumo, oportunidades, educación disponible y círculo social afloran mientras que la posibilidad de superar esos límites no existe en ese periodo de la vida. Creer que un joven de la 21 de San Miguel posee la misma visión del mundo y los mismos intereses que un joven campesino de 21 años en Irupana es ignorancia y deshonestidad académica. Vemos de esta forma que la juventud no es una masa homogénea. Aun así, existe un elemento común en todos ellos, su realidad se encuentra históricamente diferenciada de la de sus padres, debido a que ha existido una transformación económico-social en Bolivia, producto tanto del Proceso de Cambio como de la inserción de Bolivia en la globalización mediática y tecnológica.

Dado que esta diferencia generacional es, a grandes rasgos, un mito, ahora vayamos a la segunda observación: la juventud no posee una moralidad ni una ética mejor o peor que la de las anteriores generaciones, es decir, la inserción de la juventud al aparato

estatal no significa un cambio mismo en el Estado. El recambio generacional por eso mismo no constituye, de la forma en que está planteado, cambio alguno en la sociedad. Esto se debe a que los jóvenes, en tanto son individuos pertenecientes a la sociedad, heredan la misma jerarquización de valores que posee la generación previa, lo cual no significa que no pueda surgir un sentimiento de rebeldía a los mismos. Esa rebeldía es, sin embargo, una opción a nivel individual y sin garantías, el joven no es rebelde por naturaleza, lo es si así decide serlo. Por eso mismo, pensar que la juventud no es corrupta por el simple hecho de que “son jóvenes” es ignorar por completo la condición de elección en los jóvenes.

Ahora, la necesidad del cambio de lo social es algo real y asumido ya, de forma general, por buena parte de la juventud. Pero, como ese cambio jamás se dará en tanto empoderamiento particular de algunos jóvenes, la única forma de alterar el status quo dentro del Estado existente de burocracia, corrupción, nepotismo e inoperancia es de forma externa al aparato, no de forma interna. Cuando la madera que sostiene la casa está podrida, lo único que queda hacer es tirarla abajo y construir otra. Si la toma del Estado es la actual Revolución Democrática que representa el Proceso de Cambio; el cambio estructural del aparato estatal debe ser resultado de otra revolución, en la cual la juventud es el único actor posible; ya que si alguien tiene la posibilidad de cambiar su paradigma ético, es ella. Veamos, pues, que implicaría ese cambio.

Esta revolución del pensamiento, de la moral, de la ética, del arte, de la sociedad, en una palabra esta Revolución Cultural sólo puede erguirse de la misma manera que toda revolución: en contra del orden establecido. La eliminación de las taras coloniales heredadas en la inoperancia burocrática, la corrupción, el racismo, el patriarcado, el compadrazgo, etc., solo podrá hacerse en tanto el sector llamado a luchar ataque de manera frontal y sin miramientos estos comportamientos en todas las esferas de lo social. Denunciar al corrupto, al racista, al violador, al inoperante, al prebendal, al explotador, al traidor, etc., es el paso inicial para el desmonte revolucionario de todo este tejido social cancerígeno que sigue prevaleciendo en nuestra sociedad.

He aquí donde la Revolución Cultural se diferencia de la revolución clásica, en tanto esta denuncia se lleva a todos los niveles de interacción social. Una Revolución Cultural es tan crítica como autocrítica; el nacimiento de la nueva sociedad se prepara en el qué hacer revolucionario de todos aquellos jóvenes que realmente nos comprometemos con esta causa. He aquí donde la diferencia dentro la juventud se hará evidente, en tanto el privilegio de las juventudes de clase media y burguesas lleva invariablemente a un sentimiento de autocomplacencia nihilista: “yo soy así porque soy así”. Será solo entre los que más pierden en la estructura actual, los jóvenes de clases

populares, los jóvenes indígenas y las jóvenes mujeres, donde podrá germinar el cambio voluntario que hará caer este sistema.

¿Y porque solo en estos sectores de la juventud puede germinar esto?

Porque es en estos sectores donde las estructuras de dominación capitalista y patriarcal, que persisten bajo este Proceso de Cambio, aunque con menor intensidad, no dejan de manifestarse en la cotidianeidad de estos y estas jóvenes. Es en la cruda realidad de la explotación laboral, del acoso sexual, del racismo estructural y de la violencia contra la mujer que se ven interpelados a reaccionar, a articularse, a actuar. Esta actuación no puede limitarse a la actuación individual, es solo en la articulación colectiva de la juventud como movimiento que se puede lograr cambios en el ámbito político, metapolítico y social de una nación. Es solo con la violencia simbólica, lingüística y física que estos colectivos pueden realmente rectificar una sociedad de forma permanente. Solo un martillo puede cambiar la forma del acero.

Y hemos visto ejemplos de estos cambios estructurales en las calles del mundo: las articulaciones de la juventud trabajadora dando pie a las revoluciones árabes de 2011, las jóvenes organizándose y causando un terremoto en el patriarcado argentino con la marea verde de 2018. El precedente histórico reciente muestra no sólo lo deseable de esta articulación en la lucha política y metapolítica de las juventudes trabajadoras, indígenas y de mujeres, sino que evidencia lo shockeantemente factible que pueda darse.

Hay garantía de que se de? Hay garantía que la nueva generación boliviana en sus jóvenes trabajadores, indígenas y mujeres asuma la necesidad de llevar a cabo una Revolución Cultural que permita profundizar el cambio irreversible que vivimos en este joven siglo XXI? No, claramente no. En la dinámica social, nadie es capaz de afirmar que determinado grupo va a seguir un curso definido sin alteraciones. La Revolución es una opción colectiva, jamás una obligación. Pero es sólo en esta Revolución que las demandas actuales de la sociedad boliviana y de su nueva generación pueden materializarse. Es frente a estos anhelos que la demanda actual debería ser “Seamos idealistas, pidamos lo posible”.

Militar ese cambio es lo que procede hacer ahora. Citamos para finalizar al Subcomandante Marcos: “La libertad es como la mañana. Hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero hay quienes desvelan y caminan la noche para alcanzarla”.

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